Hace casi un año Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA) ingresó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) la solicitud de un informe destinado a recoger las condiciones para el proceso de licitación del denominado Puerto de Gran Escala (PGE).

En el proceso han participado más de 15 intervinientes, entre ellos la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), la que alertó sobre un factor recurrente a la hora de evaluar un megapuerto: la demanda, informa El Mercurio de Valparaíso.

En un escrito presentado a fines de diciembre, EPV consigna que hay diligencias pendientes que son "esenciales para un adecuado análisis". Una de sus inquietudes, en este sentido, es que el PGE genere una capacidad ociosa tal que llegue a afectar las inversiones de los otros frentes de atraque de la región de Valparaíso.

Esto, porque la demanda estimada por San Antonio "es demasiado optimista en relación a la realidad del mercado", según la administración de EPV. Por ello, en la estatal advierten que "resulta imprescindible contar con un análisis actualizado y realista de la demanda estimada por dicha consultante", respecto a la región.

"Un tamaño no respaldado por una estimación adecuada de demanda podría otorgar ventajas y economías de escala que no permitirían al resto subsistir", argumentan en EPV, donde creen que esta situación, que debería ser considerada por los futuros oferentes en licitaciones en el Puerto de Valparaíso, ya que podría afectar seriamente la posibilidad de que haya interesados de participar.

Además, EPV expone que la propia empresa portuaria de San Antonio reconoce que "la proyección sobrestimada de la demanda es un punto planteado por al menos tres intervinientes, y por lo tanto es de aquellos que la misma indica deben ser sometidos a un riguroso escrutinio legal constructivo, financiero y comercial".

El análisis corregido no ha sido puesto a disposición ni del tribunal ni de los intervinientes, según los ejecutivos de EPV, quienes recuerdan que la decisión final sobre la fecha de inicio de obras sería tomada durante este año, disponiéndose de información al día sobre proyecciones de demanda y de costos, consigna El Mercurio de Valparaíso.

Ante el riesgo de un diagnóstico equivocado, el director de la Cámara Aduanera, Javier León, señala que la estimación de la demanda es una de las variables más importantes junto a los costos. "Con esa estimación no se puede jugar ni ver desde un punto de vista político", detalla. En tanto, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Agentes de Naves (Asonave), Carlos Manterola, subraya que en este momento la megaobra no se necesita, pues a su juicio existe suficiente capacidad en la zona central.

"La capacidad instalada en la zona central del país es útil para mover 6 millones de contenedores y ahora movemos un poco más de 2 millones, por lo mismo el PGE no se justifica", comenta e invita a considerar que hay concesiones en la zona central que hace poco culminaron sus inversiones.

Riesgos de integración

Otro de los intervinientes en el proceso llevado adelante por el TDLC es la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la que hizo referencia a un riesgo de integración vertical.

El organismo pidió considerar factores como los cambios de la industria naviera durante los últimos años, las características de las rutas utilizadas, las relaciones de propiedad de otros puertos de la costa oeste con el de San Antonio y las características de la infraestructura logística en tierra que afectarían al proyecto de PGE.

Según el gerente general de la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA), Aldo Signorelli, si bien la licitación del terminal se haría en un par de años, es necesario solicitar con el Tribunal el informe que requiere la ley para efectuar el proceso que permitirá otorgar la concesión del frente de atraque, específicamente sobre sus condiciones de competencia en materia de integración vertical y horizontal.

En cuanto a la demanda, el ejecutivo recalca que: “todas las materias que preceptúa la ley deben estar afinadas en las fechas que indica la demanda proyectada y evitar enfrentar una situación de congestión en nuestros puertos, que derivan en aumento de las tarifas y tiempos de servicio, afectando la competitividad de la economía del país".

Además, Signorelli, dijo que el proyecto de corredor ferroportuario -relacionado con la obra- debe contar con un modelo de negocios conocido en forma previa al proceso de licitación, tal como señaló la Fiscalía Nacional Económica ante el TDLC. "Estamos trabajando en su desarrollo junto con la Empresa de Ferrocarriles del Estado", dijo.

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Por mundomaritimo.cl

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